Sumario
1. Introducción.— 2. El endurecimiento del régimen de intervención penal en materia de contratación estatal.— 3. Un bien jurídico funcional, pero altamente moralizado.— 4. La ampliación del ámbito de los tipos penales: algunas cuestiones problemáticas.— 4.1. La responsabilidad de los contratistas: particulares sometidos al régimen penal de los servidores públicos.— 4.2. La sanción —penal— de un “interés indebido” al amparo del art. 409 CP-CO.— 4.3. Los contratos y sus requisitos esenciales.— 5. Conclusiones.
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